El Gobierno de España ha logrado un hito en el ámbito del derecho internacional económico al recibir dos laudos arbitrales favorables del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo asociado al Banco Mundial. Esta decisión marca la primera ocasión en que se reconoce la prevalencia del derecho comunitario sobre las disputas de inversión en el contexto de la Unión Europea (UE). La cuestión central radica en la litigación relacionada con los recortes de las primas de las energías renovables, un asunto controvertido que ha suscitado diversas reclamaciones por parte de inversores internacionales.
Reconocimiento de la falta de jurisdicción
Estos laudos, emitidos el pasado viernes, evidencian que los tribunales arbitrales determinaron que no tienen la jurisdicción necesaria para abordar conflictos en los que los inversores provienen de la UE, como es el caso de las empresas implicadas: Sapec, registrada en Bélgica, y European Solar Farms A/S (ESF), fundada bajo la legislación danesa.
En su razonamiento, los laudos enfatizan que el Tratado sobre la Carta de la energía (TCE) debe interpretarse según la posición defendida por España y la Comisión Europea. En este sentido, destacan que la participación activa de la UE en el TCE, como entidad económica regional, establece la supremacía del Derecho de la UE sobre las competencias que los Estados miembros han transferido a dicha organización. Este principio se convierte así en un argumento clave para la defensa del Estado español en disputas futuras de esta naturaleza.
Esta decisión marca un precedente importante en el terreno del arbitraje internacional, ya que es la primera vez que tribunales del Ciadi declaran la falta de jurisdicción para abordar disputas de inversión exclusivamente europeas. Este hito podría influir de manera decisiva en la manera en que se gestionan y resuelven las controversias de inversión dentro de la UE, estableciendo un marco más claro y armonizado.
Implicaciones económicas de las reclamaciones
El total de las reclamaciones asciende a más de 72 millones de euros, incluyendo costas adicionales que superan los ocho millones. En el caso de Sapec, la parte demandante solicitaba 27,4 millones de euros más intereses, así como casi cuatro millones en costas. Por otro lado, European Solar Farms A/S exigía una compensación de 45,1 millones de euros más intereses, además de más de cuatro millones en costas. Esta situación inconmensurable resalta la urgente necesidad de aclarar las posiciones jurídicas en el ámbito del arbitraje internacional para limitar el alcance de reclamaciones que, aunque legítimas, pueden resultar excesivas y perjudiciales para la estabilidad económica.
La Abogacía del Estado, específicamente su Departamento de Arbitrajes Internacionales, ha sido el encargado de la defensa de España ante estos laudos. Este equipo legal ha trabajado en proporcionar un argumento sólido y fundamentado, que ha resultado en un favorable pronunciamiento por parte del Ciadi, dejando entrever una tendencia alentadora.
Un cambio en la tendencia arbitral
Estos laudos se suman a una tendencia emergente en la que los tribunales se muestran reacios a aceptar la jurisdicción en disputas intra-UE bajo el TCE. En este sentido, se ha remarcado el fallo reciente de un tribunal constituido por las reglas de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) en el caso GreenPower contra el Reino de España, que reafirmó, por primera vez, la misma falta de jurisdicción en estas disputas.
La posición española, en este contexto, se refuerza a medida que se obtienen resultados positivos en el ámbito de la anulación de laudos previos que habían sido emitidos erróneamente en relación a la jurisdicción sobre disputas de inversión europeas. Hasta la fecha, España ha podido poner fin a tres laudos que habían interpretado incorrectamente sus competencias, un hecho que contribuye a la configuración de un entorno más predecible y menos conflictivo en el ámbito del arbitraje internacional.
Repercusiones futuras en el marco legal
A medida que los laudos emitidos por el Ciadi se integran en el tejido jurídico de la UE, el impacto de estas decisiones podría modificar la dinámica de las relaciones entre inversores y Estados miembros. La interpretación del TCE y su compatibilidad con los derechos comunitarios no solo afectará a las empresas que operan en el sector de las energías renovables, sino que también establecerá un precedente significativo para futuros litigios en los que se alegue la infracción de inversiones.
En un contexto donde el cambio climático y la transición energética son prioridades globales, demuestra que hay un compromiso sostenido por parte de las instituciones europeas y de los Estados miembros para defender sus marcos legales y proteger la soberanía frente a las demandas de inversores internacionales. Sin embargo, es esencial que se mantenga un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores y la salvaguarda de las políticas públicas a favor de un desarrollo sostenible.
La evolución de estos laudos podría ser un punto de inflexión en la forma en que se gestionan los conflictos de inversiones dentro de Europa, creando una oportunidad para redefinir las normas que rigen la relación entre capital y derechos comunitarios. En definitiva, estos recientes laudos no solo representan un éxito para España en su lucha contra una interpretación extensiva del TCE, sino que también aportan una perspectiva renovadora sobre la efectividad del derecho europeo en cuestiones de inversión, proporcionando así un marco que podría influir significativamente en la economía en los años venideros.
