El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado un proceso de consulta pública para una propuesta de orden ministerial que tiene como objetivo la creación de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico de la península española. Esta medida busca establecer un mecanismo que garantice la firmeza del sistema eléctrico y facilite la integración de energías renovables, con la previsión de que esté operativo a partir de 2026. La necesidad de implementar este mercado surge ante la expectativa de un aumento en la generación de energía ‘verde’, lo que podría generar situaciones de estrés eléctrico y riesgos de apagón en el futuro.
Objetivos del nuevo mercado de capacidad
El objetivo principal de este nuevo mercado es proporcionar un «seguro» que asegure la disponibilidad de energía en momentos de alta demanda, cuando es probable que se presente estrés en el sistema eléctrico. Con este enfoque, se busca ofrecer una solución a los desafíos que pueden surgir con la creciente aportación de fuentes renovables, cuyas intermitencias pueden afectar la estabilidad del suministro. Según el Ministerio, este mecanismo es considerado una prioridad, lo que refleja la voluntad política de avanzar rápidamente con la implementación de subastas antes de que finalice el verano.
Subastas: estructura y tipos
La estructura del mercado de capacidad se basará en un sistema de subastas que comenzará a celebrarse en 2025, con el propósito de que el servicio esté en operación de manera transitoria en 2026. En este contexto, se contempla la realización de hasta tres tipos diferentes de subastas. La subasta principal permitirá la participación de instalaciones existentes y nuevos proyectos de generación, almacenamiento o demanda, ofreciendo un servicio que puede oscilar entre uno y quince años dependiendo del tipo de instalación.
- Subasta principal: permitirá la participación de instalaciones existentes y nuevas que prestarán servicio de hasta 15 años.
- Subasta de ajuste anual: enfocada únicamente en instalaciones en servicio para resolver situaciones coyunturales, con una mayor flexibilidad en el plazo de prestación.
- Subasta transitoria: garantizará la firmeza del sistema hasta que el servicio otorgado mediante la subasta principal entre en efecto.
Este enfoque modular responde a la necesidad de adaptarse a la demanda y a las condiciones del mercado, asegurando un suministro eléctrico confiable en diferentes escenarios.
REQUISITOS Y EXCLUSIONES EN LAS SUBASTAS
Para poder participar en estas subastas, las instalaciones generadoras deberán cumplir con una serie de requisitos que también inciden en su sostenibilidad. Estos requisitos incluyen el límite de emisión de 550 gramos de CO2 por kWh, condiciones de firmeza y flexibilidad, así como la exclusión de aquellas instalaciones que reciben pagos regulados como el RECORE o de capacidad. Adicionalmente, se garantizará que las nuevas inversiones estén orientadas exclusivamente hacia tecnologías renovables o almacenamiento.
Es importante destacar que las centrales que todavía perciben pagos por capacidad anteriores, como los ciclos combinados que operan bajo el régimen antiguo, no podrán participar en este mecanismo. Esta estrategia tiene como finalidad reforzar el compromiso con un sistema eléctrico más limpio y eficiente, permitiendo así una transición hacia un mix energético más sostenible.
Financiación del nuevo mecanismo
La financiación del mercado de capacidad estará a cargo de los consumidores de electricidad mediante un sistema de precios unitarios diferenciados según segmentos tarifarios y momentos horarios específicos. Aunque en este momento no se ha podido determinar el costo exacto del mecanismo, se prevé que su impacto se sienta principalmente en las horas de mayor demanda, en las que se suele experimentar un estrés significativo en el sistema eléctrico.
Los consumidores verán cómo dichos costos son distribuidos en función de su consumo en momentos críticos, lo que generará un esquema de financiación alineado con la necesidad de mantener la estabilidad del suministro eléctrico. A su vez, la Red Eléctrica de España (REE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargarán de la supervisión e inspección de la efectiva prestación del servicio de capacidad.
Implicaciones de la normativa europea
Es relevante mencionar que la implementación de este mercado debe alinearse con la normativa europea en materia de ayudas de Estado y del mercado interior de la electricidad. En este sentido, el Ministerio ha estado colaborando estrechamente con la Comisión Europea para garantizar que los nuevos procedimientos se inserten dentro del marco regulatorio vigente, especialmente tras la reciente reforma del mercado eléctrico europeo, que ha eliminado ciertas restricciones temporales en los mecanismos de capacidad.
Este desarrollo se fundamenta en valoraciones de cobertura elaboradas por ENTSO-E, la agrupación de operadores de sistemas eléctricos, que utilizan metodologías específicas para identificar la necesidad de un mecanismo de capacidad ante posibles desajustes en el suministro. Para España, las proyecciones indican que la cobertura de horas de energía no suministrada podría aumentar, sitúandose en valores de unas 4.5 horas para 2028 si no se implementa un sistema adecuado de capacidad.
En este contexto, se evidencia que la creación del mercado de capacidad no solo es una respuesta a la creciente intermitencia de las energías renovables, sino también una estrategia fundamental para el fortalecimiento de la seguridad energética del país. Además, la operación de un mercado secundario de derechos adjudicados en las subastas se presenta como una herramienta que aumentará la liquidez y eficiencia del sistema.
Con la creación de este mercado de capacidad, España se sitúa en un punto de inflexión hacia un modelo más sostenible y resiliente, donde la garantía del suministro eléctrico se combina con la imperiosa necesidad de modernizar y diversificar su mix energético. A medida que las tecnologías renovables continúan floreciendo, el éxito de este mercado dependerá en gran medida de su capacidad para atraer inversión y fomentar la competitividad entre las nuevas tecnologías que, de hecho, son cruciales para enfrentar los desafíos del futuro energético.
