El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha instado al Gobierno español a reactivar las medidas excepcionales que se implementaron durante la pandemia con el objetivo de proteger a los trabajadores afectados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Esta solicitud se enmarca en un contexto de crisis laboral y humanitaria derivada de desastres naturales, lo que ha suscitado la necesidad de establecer mecanismos de apoyo a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
medidas laborales y sociales propuestas
Borra ha enfatizado que el restablecimiento de medidas como los ERTE, subsidios, rebajas de impuestos, exención de cuotas, demoras en el pago de hipotecas, permisos retribuidos y la prohibición de despidos son esenciales para garantizar que “ninguna persona quede desprotegida por haber perdido el trabajo”. En su intervención, el presidente de CSIF ha subrayado que es imperativo que se adopten todas las acciones necesarias para mitigar las consecuencias de este desastre natural.
Asimismo, las propuestas incluyen la agilización de trámites para la concesión de ayudas a través del Consorcio de Compensación de Seguros, permisos retribuidos para atender daños en las viviendas, una restablecimiento de al menos cinco días de permiso retribuido recuperable, flexibilidad horaria para gestiones administrativas relacionadas con la catástrofe y la adopción de la modalidad de teletrabajo hasta que se reestablezca la normalidad en las áreas más afectadas.
ayudas económicas y fiscales requeridas
En un análisis más amplio, las demandas de CSIF abarcan diversas dimensiones económicas y fiscales. En el ámbito económico, se señala la necesidad de proporcionar ayudas directas a particulares que hayan sufrido daños en su vivienda habitual y enseres de primera necesidad. Además, el sindicato solicita compensaciones a las corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables y ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como subvenciones para la reparación de infraestructuras municipales dañadas.
Los detalles económicos abarcan, además, ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y acuícolas, junto con la creación de líneas de crédito especiales para empresas y trabajadores autónomos afectados. También se proponen ayudas para el transporte de trabajadores que necesiten desplazarse a sus centros laborales.
En el ámbito fiscal, se ha pedido la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que afecte a propiedades dañadas y una reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas para aquellos locales de negocio cuyo funcionamiento se haya visto comprometido por la situación climática. También se demanda la exención de las tasas de tramitación de vehículos dañados.
impacto en la seguridad social y la protección laboral
En relación con la seguridad social, CSIF ha solicitado que todas las lesiones y fallecimientos derivados de la DANA ocurridos durante la jornada laboral o en desplazamientos al trabajo sean considerados como accidentes laborales. Asimismo, se plantea que la extinción o suspensión de contratos de trabajo debido a la emergencia se califique como una situación de fuerza mayor, lo que permitiría exenciones en las cotizaciones empresariales.
Las indemnizaciones en caso de despido también ocuparon un lugar central en la propuesta, demandando que estas se hagan efectivas a través del Fondo de Garantía Salarial. Para los trabajadores autónomos, se ha propuesto una moratoria de un año en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que aliviaría significativamente la carga financiera ante la crisis.
Además, se ha solicitado que el desempleo consumido en los ERTEs de fuerza mayor temporal no afecte negativamente el cómputo general de las personas trabajadoras que se acojan a esta figura, en un intento por proteger la estabilidad laboral en un contexto post-catástrofe.
apoyo a los servicios públicos y la ciudadanía
En cuanto al apoyo a los servicios públicos, Borra ha subrayado la necesidad de que los empleados públicos puedan desempeñar sus funciones en las mejores condiciones posibles. Se observa que la situación actual sigue mostrando un panorama caótico, con edificios públicos inaccesibles, colegios cerrados y centros de salud inoperantes. Esto plantea un reto para la administración y la prestación de servicios esenciales.
Para hacer frente a este caos, CSIF se ha ofrecido como un canal de comunicación entre las organizaciones no gubernamentales y las instituciones que están colaborando en la ayuda humanitaria. Además, activará un servicio de atención para informar a los trabajadores acerca de sus derechos y las posibles medidas de protección social, laboral y de seguros que pueden implementarse en esta fase crítica.
En conclusión, la respuesta del Gobierno a las solicitudes de CSIF será fundamental para abordar las repercusiones económicas y sociales de la DANA. El establecimiento de un marco regulatorio claro y unificado permitirá no solo la protección inmediata de los afectados, sino que también sentará las bases para una recuperación más sólida y sostenible. La forma en que se gestionen estas crisis y sus fondos asociados no solo influirá en el bienestar de millones, sino que también marcará el rumbo de la economía del país en un contexto de creciente incertidumbre global.
