El diputado de la Chunta Aragonesista integrado en Sumar, Jorge Pueyo, ha anunciado un avance significativo en la regulación del transporte público en España. Este desarrollo se produce en el contexto de la Ley de Movilidad Sostenible, que propone la reestructuración del mapa concesional estatal de paradas de autobuses. La nueva normativa contempla que cualquier decisión sobre la supresión de paradas se realice en cooperación con las comunidades autónomas, además de establecer que el Estado asumirá la responsabilidad financiera en los casos donde se eliminen paradas.
Redefinición del mapa concesional estatal
La Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el Ministerio de Transportes, tiene como objetivo principal modernizar y optimizar la red de transporte público por carretera. La propuesta inicial preveía la eliminación de 9.305 paradas de autobuses en 1.417 municipios. Este enfoque se basa en la idea de mejorar las conexiones entre nodos de población relevantes y facilitar el tránsito entre capitales de provincia, acortando tiempos de viaje y mejorando la eficiencia del sistema.
No obstante, desde Sumar se advirtió de que esta reestructuración tendría consecuencias negativas sobre las comunidades rurales, que dependen en gran medida de estos servicios. El contacto con el medio rural es esencial para garantizar no solo la movilidad, sino también la cohesión social y económica en estas áreas menos pobladas. En respuesta a estas preocupaciones, el grupo plurinacional logró incorporar una enmienda durante la fase de ponencia del proyecto de ley, que prioriza el consenso con las comunidades autónomas.
Compensación estatal y colaboración regional
La mencionada enmienda implica una modificación del artículo 49 del proyecto legislativo, que regula los servicios de transporte público por carretera de competencia estatal. Este artículo ahora establece que, en caso de que una comunidad autónoma asuma la gestión de paradas que anteriormente eran competencia del Estado, el gobierno compensará económicamente cualquier coste adicional que esto suponga.
Esta medida busca brindar un respaldo financiero a las comunidades autónomas, fortaleciendo su capacidad para ofrecer un servicio adecuado a la población y mitigar las repercusiones que la eliminación de paradas podría tener en el ámbito local. Así, mientras que la propuesta original contemplaba una asignación de 40 millones de euros para mitigar las pérdidas derivadas de la reducción de paradas, la reforma establece una responsabilidad más clara del Estado en términos de compensación.
Impacto local: la defensa de las paradas en Teruel
Jorge Pueyo ha celebrado la inclusión de esta enmienda, señalando que significa la salvaguarda de 151 paradas de autobús en Teruel que se verían afectadas por la eliminación propuesta por el Gobierno. Durante su intervención, Pueyo destacó que «imponer unilateralmente la eliminación de paradas en las rutas estatales de autobús era un error, una injusticia y una grave contradicción, que además castiga a quienes ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad».
Su argumentación subraya la necesidad de un enfoque más humanizado y centrado en el bienestar de las comunidades rurales. La eliminación de paradas sin alternativas, argumenta Pueyo, no solo afecta la movilidad de los ciudadanos, sino que también puede tener repercusiones directas sobre la calidad de vida y la economía local.
Apertura a la participación y retroalimentación
Además, la ley también establecerá un proceso de información pública, al mismo tiempo que se solicitará la opinión de las comunidades autónomas afectadas. Este paso es crucial porque permite la participación activa de los actores locales, asegurando que las decisiones se tomen considerando las realidades específicas de cada región.
La apertura a la participación podría promover una relación más colaborativa entre el Estado y las comunidades autónomas, así como un enfoque más inclusivo en la planificación de servicios públicos. La retroalimentación de estas entidades es esencial para asegurar que la reestructuración del mapa concesional responda efectivamente a las necesidades y peculiaridades de las distintas regiones.
La visión futura del transporte público
La culminación de la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso y Senado marcará un hito importante en la historia de la regulación del transporte público en España. Si bien la propuesta inicial apuntaba a una modernización centrada en los grandes flujos de personas, la necesidad de proteger el transporte público en zonas rurales ha sido un recordatorio de que la inclusión es vital en el desarrollo de políticas públicas.
Al futuro, queda por ver cómo se implementará esta ley y qué efectos tendrá en la movilidad en áreas menos favorecidas. Asimismo, la capacidad del Estado para sostener la compensación económica que se requiere será crucial para el éxito de esta iniciativa. Las implicaciones de este proceso no solo repercutirán en la forma en que se mueve la población, sino que también impactarán en la dinámica económica y social de las comunidades que, hasta ahora, han estado en el margen de la planificación estatal.
