La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto a Adamo un plazo de dos meses para regularizar su uso de los postes eléctricos pertenecientes a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, compañía filial de Iberdrola, en diversos municipios de Ávila. Este requerimiento surge a raíz de la utilización, sin el debido permiso, de la infraestructura eléctrica para el despliegue de fibra óptica en localidades como El Bohodón, Tiñosillos, y Hernansancho, entre otras.
Antecedentes del despliegue de fibra óptica
Desde 2021, Adamo ha estado operando bajo la suposición de que dichos postes eran de titularidad pública, lo cual ha generado la confusión que ahora se encuentra en el centro del debate. La CNMC destaca que Adamo presentó licencias y autorizaciones otorgadas por los ayuntamientos para la instalación de su red de fibra óptica, incluyendo permisos específicos para la utilización de la infraestructura de alumbrado público municipal. Este hecho expone la complejidad y la interrelación entre las normativas locales y el funcionamiento del sector de telecomunicaciones, donde las operadoras muchas veces se ven en la necesidad de recurrir a los recursos existentes en su entorno.
Buena fe y malentendidos en la regulación
En el análisis de la situación, la CNMC sostiene que existe una presunción de buena fe por parte de Adamo, en lo que respecta a su confusión sobre la titularidad real de los postes utilizados. Tal como han indicado fuentes de la operadora de telecomunicaciones, «es muy habitual llegar a acuerdos con los ayuntamientos o con las eléctricas para este tipo de despliegues» y, por lo tanto, el malentendido podría considerarse un error común en el ámbito.
Según la resolución, la empresa eléctrica I-DE parece estar en su derecho de exigir la correcta regularización del uso de su infraestructura. Esta situación pone de relieve un dilema recurrente en el sector de telecomunicaciones: el acceso a la infraestructura existente es esencial para la expansión de redes en localidades menos favorecidas. La infraestructura de alumbrado público a menudo se convierte en un recurso vital para llevar la fibra óptica a pueblos pequeños o con deficiencias en su conectividad.
Plazos y consecuencias legales
La CNMC ha establecido un claro marco temporal para que Adamo acierte en su regularización. En caso de que la empresa no logre llegar a un acuerdo con Iberdrola en el tiempo estipulado, deberá proceder a la retirada de sus cables. Según el organismo regulador, «si Adamo Telecom Iberia no retirara sus cables en dicho plazo, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes estará habilitada para retirar los tendidos de red que hacen uso de su infraestructura física». Este proceso, no solo implica un coste financiero para la empresa, sino que también afecta a la continuidad del servicio a los usuarios que dependen de su conectividad.
Las implicaciones de tal medida son significativas. Si la situación no se resuelve a tiempo y se procede a la retirada de los cables, ello podría dejar sin servicio a una parte importante de la población de Ávila, generando no solo un impacto económico negativo, sino también afectando la reputación de Adamo en el mercado.
La realidad del sector de las telecomunicaciones en España
Esta situación representa un flashpoint para el sector de telecomunicaciones en España, donde la necesidad de interconexión entre diferentes infraestructuras —públicas y privadas— es cada vez más crítica. En el marco de la transformación digital, la capacidad de empresas como Adamo para acceder a la infraestructura existente es determinante. El acceso a postes eléctricos y otras instalaciones comparte la importancia de resolver temas de competencia legislativa y colaboración interempresarial.
Además, este caso ilustra la urgencia de revisar las normativas que regulan el acceso a infraestructuras públicas y privadas, con el fin de fomentar un ambiente más propicio para el despliegue de las redes de alta velocidad. Tal revisión podría mejorar la eficiencia en la provisión de servicios, beneficiando a los usuarios y contribuyendo al crecimiento del sector en un momento donde la digitalización es imperativa.
Perspectivas futuras y el impacto en la economía local
La resolución de este conflicto tendrá impactos directos en la viabilidad de futuros despliegues de infraestructura de telecomunicaciones. Si bien la CNMC ha expresado su deseo de que las partes lleguen a un acuerdo, la falta de claridad sobre la propiedad de la infraestructura puede plantear retos adicionales para otras empresas en el sector.
En un contexto en donde la conectividad se está convirtiendo en un requisito esencial para la competitividad, la resolución de estos conflictos se torna crítica. Una infraestructura de telecomunicaciones robusta no solo mejora la calidad de vida de los habitantes de localidades pequeñas, sino que también puede facilitar un crecimiento económico más amplio al atraer nuevos negocios e inversiones. Sin embargo, la incertidumbre que rodea a este caso resalta la necesidad de un marco más ágil y transparente que regule la colaboración entre empresas y administraciones públicas.
La situación actual de Adamo y su capacidad para actuar dentro del marco regulatorio podría servir como precedente para futuros casos, impactando el panorama de telecomunicaciones en ámbitos rurales y semiurbanos en España, lo cual merece un seguimiento exhaustivo en los próximos meses.
