El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha señalado que la reciente decisión del ministerio es un paso muy positivo para los profesionales del sector. «El Gobierno entiende que somos quienes materializamos la prestación del turno de oficio y que, por tanto, nuestra visión del modelo de justicia gratuita es absolutamente indispensable en la confección de la ley que debe promover la renovación de este servicio de cara a las próximas décadas», ha afirmado González.
Además, ha subrayado que la comunicación y colaboración con el ministerio son fundamentales en la redacción de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que está en marcha. «Parece que estamos dando unos primeros pasos firmes para mejorar la situación de los profesionales de la abogacía», ha apuntado, haciendo hincapié en que el compromiso del ministerio es un avance en el ámbito jurídico.
Incremento en la retribución de abogados y procuradores
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha firmado una orden ministerial que incrementa en un 8% la retribución de los abogados y procuradores del turno de oficio. Este aumento se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2025 en regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla. La iniciativa busca actualizar las remuneraciones de estos profesionales, mejorando la justicia para quienes tienen menos recursos.
Según el departamento de Bolaños, “el objetivo es actualizar la retribución de los profesionales del turno de oficio y, a la vez, dar un paso más en el compromiso del ministerio de mejorar la prestación del servicio público de justicia”. Este movimiento no solo beneficiará a los profesionales, sino que también está alineado con el esfuerzo por potenciar el acceso a la justicia para toda la población.
La nueva ley de asistencia jurídica gratuita
Por otro lado, Justicia ha destacado que el ministerio avanza en la tramitación del texto de reforma de la Ley 1/1996, que regula la asistencia jurídica gratuita. En el pasado mes de julio, esta propuesta superó el período de consulta pública, lo que indica un interés y compromiso por parte de las autoridades.
Entre los cambios que se contemplan en esta ley se encuentra la actualización de la definición de insuficiencia de recursos que otorga el derecho a asistencia jurídica gratuita. Además, se reconocerán como beneficiarios a colectivos vulnerables, como las víctimas de violencia de género o de violencia sexual, independientemente de su situación económica. Esto subraya un enfoque inclusivo que busca garantizar derechos fundamentales.
También se incorporarán mejoras en la gestión, como el acceso electrónico a las administraciones y a la administración de justicia. Esta digitalización no solo facilitará los trámites, sino que también reflexiona la modernización necesaria en la estructura del servicio público de justicia, lo que es esencial en la actual era digital.
Un diálogo constante para mejoras futuras
El ministerio ha reafirmado su compromiso de seguir implementando medidas que ayuden a mejorar la calidad de este servicio. La colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española se considera vital, ya que permite establecer un diálogo continuo que facilite futuras negociaciones sobre actualizaciones salariales y mejora de condiciones.
González ha valorado positivamente que la interlocución con el ministerio se haya mantenido activa. Destacó que el reciente incremento de retribuciones representa un primer paso importante hacia la modernización del sistema. “La decisión del ministerio viene a sumarse a relevantes avances que hemos visto en los últimos meses”, ha manifestado, lo que indica un clima de optimismo en el sector.
Transformaciones en el sector de la justicia
La nueva ley y el aumento en la retribución de abogados y procuradores se inscriben en un contexto más amplio de transformación de la justicia en España. Justicia ha asegurado que esta evolución se enmarca dentro de la mayor transformación que ha vivido el sector en décadas, que abarca no solo cuestiones económicas, sino también aspectos estructurales y tecnológicos.
El ministerio ha mencionado que se ampliarán las plazas para jueces y fiscales, así como un aumento y blindaje de las becas para acceder a los principales cuerpos del Poder Judicial. La digitalización y modernización de la justicia es un eje central que podría impactar significativamente en la eficiencia y la percepción del sistema judicial por parte de la ciudadanía.
González también ha hecho hincapié en la importancia de la nueva Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, que introduce la creación de tribunales de instancia, lo cual puede ser una oportunidad única para el país. «La Abogacía va a poner todo lo que está en su mano para que esta vez sea un éxito”, ha asegurado, mostrando un compromiso claro con la mejora continua del marco legal y judicial en el país.
El camino por delante promete ser un desafío y, a la vez, una oportunidad para transformar la justicia en un sistema más accesible, justo y eficiente. Sin lugar a dudas, todos estos cambios marcarán un nuevo capítulo en la relación entre la justicia y los ciudadanos, lo que genera expectativas sobre cómo continuará evolucionando esta historia en los próximos años.
