Cepsa ha decidido poner en ‘stand-by’ sus inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España. Esta decisión se debe a la creciente incertidumbre regulatoria y fiscal en el país, especialmente ante la posibilidad de que el impuesto extraordinario a las energéticas se convierta en un gravamen permanente. La compañía ha indicado que podría priorizar la expansión de proyectos internacionales en lugar de continuar con su desarrollo nacional.
Esta represalia ha hecho que un tema se vuelva recurrente entre los actores del sector de la energía: el impacto potencial de un nuevo impuesto permanente en la rentabilidad de los proyectos. Según declaraciones de la empresa, si esto llega a concretarse, “provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno”. Este escenario podría llevar a Cepsa a ralentizar las inversiones que tenía previstas en España para dar paso a proyectos de hidrógeno verde en otros países, que inicialmente estaban concebidos para su expansión internacional dentro de la segunda fase del plan estratégico ‘Positive Motion’.
El impacto del gravamen extraordinario
A lo largo de 2023, Cepsa se ha visto notablemente afectada por este impuesto, que le llevó a cerrar el año con pérdidas de 233 millones de euros tras desembolsar más de 320 millones por este gravamen. Este impacto financiero ha encendido las alarmas en el sector energético, que teme que la adopción de un impuesto permanente desincentive futuras inversiones.
La semana pasada, el Gobierno español comunicó a Bruselas su intención de mantener de forma “permanente” los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca. Este mensaje no solo refleja la situación actual sino que también proyecta incertidumbre sobre el futuro de la industria, que ha recaído fuertemente en la disminución de márgenes y la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión.
Proyectos ambiciosos en otras regiones
A pesar de los desafíos en el ámbito local, Cepsa está evaluando varias iniciativas en el extranjero. En este sentido, ya han sido identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que podrían ver un avance más rápido si se ven obligados a reducir su enfoque en las inversiones dentro de España. Esto demuestra una clara estrategia de la compañía para diversificar sus operaciones y minimizar riesgos asociados a la incertidumbre local.
Uno de los proyectos más destacados en la agenda de Cepsa es el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que busca convertirse en uno de los centros de producción más importantes de hidrógeno verde en Europa. Con una inversión proyectada de 3.000 millones de euros, este proyecto no solo busca descarbonizar sectores como la industria y el transporte, sino también crear hasta 10.000 empleos. Para llevar a cabo esta iniciativa, la compañía planea utilizar electricidad renovable y aguas residuales, promoviendo así un modelo de economía circular.
Respaldo del sector y reacciones
El descontento no se ha limitado únicamente a Cepsa. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a las grandes petroleras, ha expresado su oposición frontal a la posibilidad de un impuesto permanente. Ha advertido que esta medida podría «desalentar las inversiones en el país», lo que podría comprometer los 16.000 millones de euros que el sector tiene previsto invertir en su descarbonización para 2030.
Este clima de desconfianza entre las compañías del sector refleja una voluntad colectiva de cambiar el rumbo de las políticas fiscales y regulatorias, que son vistas como principales obstáculos para una transición energética efectiva y rentable. La falta de claridad y estabilidad en el marco regulatorio podría tener repercusiones duraderas en la competitividad del sector en el ámbito global, algo que todos los actores deben considerar con atención.
La carrera por el hidrógeno renovable
La postura de Cepsa se ha alineado también con otras empresas del sector. Recientemente, Repsol, liderada por Josu Jon Imaz, anunció su decisión de invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable en Portugal. Esta acción resalta la tendencia de buscar alternativas más seguras y económicamente viables en el extranjero, como respuesta a la situación incierta que enfrenta el mercado español.
Repsol, al igual que Cepsa, ha dejado claro que tiene en mente otras alternativas fuera de España, priorizando la estabilidad y la rentabilidad. Si bien esto podría suponer oportunidades en el corto plazo, también plantea cuestiones sobre la viabilidad futura de proyectos importantes en España, que podrían verse relegados a un segundo plano mientras las empresas evalúan condiciones más favorables en otros mercados.
Desafíos y oportunidades de la descarbonización
A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, resulta crucial que las políticas gubernamentales promuevan condiciones estables para que las empresas puedan invertir con confianza. La transición energética es un reto y una oportunidad para España, pero sin un marco regulatorio adecuado, podría resultar difícil capitalizar este potencial. Así, la continua presión sobre el sector energético y el clima fiscal que se avecina están generando reflexiones importantes sobre cómo se debe construir un futuro energético sostenible.
La situación actual de Cepsa y otros gigantes del sector, junto con su planificación de inversiones internacionales, pone de manifiesto la complejidad donde se cruzan la sostenibilidad, la rentabilidad y la regulación. A medida que las empresas buscan alternativas más favorables en el extranjero, es pertinente preguntarse: ¿cómo afectará esto al futuro de la industria energética en España y su papel en la lucha contra el cambio climático?
