El Gobierno de Donald Trump ha puesto en el centro de la controversia al proyecto de alta velocidad ferroviaria entre Los Ángeles y San Francisco, dándole un plazo de 37 días a sus promotores para explicar el incumplimiento de compromisos previos. Este ultimátum se traduce en una amenaza de retirada de los 4.000 millones de dólares destinados a ayudas federales, dejando en vilo el futuro de una obra que ha generado tanto debate.
Justificación de los promotores del proyecto
La Autoridad de Alta Velocidad de California no se ha quedado de brazos cruzados. Afirman que, a pesar de las críticas del Departamento de Transportes de Estados Unidos, el progreso es evidente. Según su documentación, para diciembre de 2024, un 50% de los 192 kilómetros de la primera fase está terminado, mientras que un 30% está actualmente en construcción. Además, el 57% de las estructuras ya están completadas.
Los promotores se apoyan en cifras concretas para defender su posición: aproximadamente un 77% de los fondos proviene del estado de California, sumando alrededor de 22.500 millones de dólares. Solo el 23% restante es de origen federal, lo que constituye cerca de 6.900 millones de dólares. Este enfoque pone de relieve el compromiso del estado con el proyecto y su intención de seguir adelante, a pesar de los contratiempos.
Reacciones del departamento de transportes
Por su parte, el departamento de Transportes no ha escatimado en críticas. Hicieron hincapié en que el proyecto ha recibido cerca de 6.900 millones de dólares en fondos federales durante aproximadamente quince años, sin haber tendido una sola vía de alta velocidad. Este hecho subraya lo que ellos consideran un evidente desperdicio de recursos, con un déficit acumulado de 7.000 millones de dólares.
Los funcionarios han manifestado que “nuestro país merece un ferrocarril de alta velocidad que nos enorgullezca, no trenes despilfarradores que no llevan a ninguna parte”. Estas palabras enfatizan la urgencia de rectificar el rumbo y cumplir con los plazos establecidos, aspectos que la Autoridad de Alta Velocidad de California dice haber cumplido.
Argumentos de la autoridad californiana
En respuesta al ultimátum, la Autoridad ha declarado estar en “completo desacuerdo” con las conclusiones del organismo federal. En un comunicado, reafirmaron su compromiso de contestar a tiempo, afirmando que los 1.000 millones de dólares anuales que se asignarán durante los próximos 20 años serán suficientes para financiar la primera fase del proyecto.
Este argumento no solo busca apaciguar las preocupaciones del gobierno federal, sino también tranquilizar a los inversores y a la opinión pública. “El avance significativo del proyecto no se refleja en el análisis del organismo federal”, recalcaron, insistiendo en que la inversión continuará y se realizarán los esfuerzos necesarios para demostrar su valía.
La alta velocidad en el contexto estadounidense
No es la primera vez que el Gobierno Trump ha detenido fondos de proyectos de alta velocidad. Recientemente, la administración paralizó también los fondos para el ambicioso proyecto en Texas, que tiene características distintas, pues cuenta con una financiación privada, aunque también recibe ayuda pública. Esta situación plantea interrogantes sobre la viabilidad de las altas inversiones en infraestructura ferroviaria en EE. UU.
La diferencia con proyectos como el de California, que involucra a empresas españolas como Ferrovial y ACS, es notable. Estas empresas traen consigo una vasta experiencia en la construcción de este tipo de infraestructuras, algo que muchos en la comunidad de transporte consideran vital para el éxito del proyecto. La pregunta que se plantea es si el modelo privado o el público será el más eficiente en contextos diversos.
El contexto internacional: lecciones de España
Cuando observamos la evolución de la alta velocidad en España, es difícil no notar el contraste. España posee la red de alta velocidad más amplia del mundo después de China, acumulando más de 4.000 kilómetros de vías, lo que supuso un desarrollo significativo a lo largo de 35 años de consenso político.
Además, los costes de construcción en España han sido notablemente más bajos; en algunos casos, hasta nueve veces menos que en Inglaterra. Este aspecto plantea la cuestión de si EE. UU. podría beneficiarse de aprender del modelo español, que ha demostrado su eficacia en este ámbito. ¿Podría una colaboración transatlántica ser la clave para el éxito de la alta velocidad en América?
Es un tema que merece una mirada atenta. La continuación de este proyecto no sólo tiene implicaciones locales; podría redefinir la movilidad y la conectividad en EE. UU. e influir en futuras inversiones en infraestructura. Queda por ver cómo la Administración californiana responderá a los desafíos planteados y si esto logrará cambiar la percepción sobre la alta velocidad en el país.
