El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha señalado la imperiosa necesidad de que el Estado recupere participación en empresas que son clave para la soberanía de España. En este sentido, ha mencionado de manera general a las compañías de telecomunicaciones y energéticas, enfatizando que es fundamental asegurar el control de activos estratégicos tras las desinversiones de los años 90.
Se debe fortalecer el papel del Estado en empresas estratégicas
A nivel global, Urtasun ha defendido que el Estado debería considerar la recuperación de participación en empresas esenciales. Ha apuntado que España realizó una de las mayores desinversiones estatales en Europa, señalando que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) actualmente posee solo el 10% del accionariado de Telefónica. Este porcentaje contrasta notablemente con los niveles de participación de otros países europeos, como Alemania, con un 30% en Deutsche Telekom; Francia, que tiene un 25%; e Italia, que se mueve en torno al 20%. Urtasun ha argumentado que grandes naciones como Estados Unidos y Brasil ya han tomado medidas para reafirmar su presencia en empresas clave, y sugiere que España debería seguir su ejemplo.
Propuesta de limitar indemnizaciones a altos directivos
La discusión sobre la participación estatal se ha intensificado en el contexto de la «escandalosa» indemnización que percibirá el expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que podría alcanzar hasta 45 millones de euros. Urtasun ha declarado que su grupo va a proponer la limitación legal de las indemnizaciones a altos directivos, buscando regular los contratos de salida que actualmente no tienen un límite específico. Este aspecto ha generado una profunda preocupación en la sociedad, especialmente en un momento en que muchos ciudadanos sufren las consecuencias de la crisis económica.
Un modelo de regulación basado en el sentido común
Urtasun ha mencionado que existen diversas vías para llevar a cabo esta regulación. Una propuesta sería establecer un porcentaje máximo de las indemnizaciones en relación al salario de los directivos, una medida que se implementó con éxito en el sector bancario durante la crisis financiera. «Todos entendimos que era imprescindible en Europa limitar esos altos bonos», ha dicho Urtasun, destacando que lo mismo debería aplicarse a las elevadas indemnizaciones en otras empresas. Aunque no ha ofrecido una fórmula definitiva, ha dejado claro que es necesario un marco que evite situaciones abusivas, donde las indemnizaciones superen con creces los salarios.
Impacto de la salida de Álvarez-Pallete en Telefónica
Analizando el reciente cambio en la cúpula de Telefónica, Urtasun ha calificado el relevo como positivo, aunque ha expresado su inquietud sobre el enfoque estratégico que tomará la nueva dirección. Ha subrayado que durante la gestión de Álvarez-Pallete, 5,000 trabajadores fueron despedidos y los precios de los servicios se encarecieron. Esto ha generado una exclusión social preocupante en un servicio básico como el acceso a Internet.
Urtasun ha afirmado que la nueva dirección tiene una valiosa oportunidad de revertir esta situación. Es crucial que se enfoquen en atender las necesidades de los consumidores y trabajen para que los servicios básicos no se conviertan en un lujo. La salida de un liderazgo controvertido puede ser el momento ideal para implementar cambios significativos que beneficien a la población.
La reacción de la CEOE y el contexto laboral
Urtasun también ha criticado públicamente al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por sus comentarios sobre la reciente subida del salario mínimo interprofesional de 50 euros propuesto por el Ministerio de Trabajo. Según Urtasun, es incoherente que Garamendi se muestre tan crítico respecto al bienestar de los trabajadores mientras guarda silencio sobre la elevada indemnización de Álvarez-Pallete. Esta discrepancia pone de manifiesto la urgencia de un debate más profundo sobre la equidad en la compensación y las condiciones laborales en España.
La visión de futuro para las telecomunicaciones y energéticas
El futuro de las telecomunicaciones y energéticas en España depende, por lo tanto, de una combinación de medidas reguladoras y una participación más activa del Estado. Urtasun ha dejado claro que se están planificando cambios significativos que podrían marcar un nuevo rumbo para estos sectores críticos. En una época en la que la tecnología y los servicios esenciales son más importantes que nunca, la forma en que se gestionan y regulan estos activos tiene el potencial de impactar en la vida diaria de millones de ciudadanos.
En conclusión, el debate sobre la participación estatal y la regulación de indemnizaciones a altos directivos no solo es necesario, sino que es un reflejo de la realidad económica y social que enfrentamos. Hablar de la salud económica de España es también hablar de cómo aseguramos servicios accesibles y de calidad para todos, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado. El tiempo dirá si estas propuestas se traducen en acciones concretas.
