El Gobierno ha lanzado un ambicioso proyecto de Real Decreto que busca adaptar la regulación de las energías renovables a las nuevas condiciones del mercado eléctrico. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la gestión del sistema y proponer un nuevo orden de prioridad de evacuación de la generación a la red eléctrica con un enfoque especial en fomentar el almacenamiento. Esto es crucial en un contexto donde la alta penetración de energías renovables presenta desafíos significativos para el sector eléctrico.
Adaptación a las nuevas condiciones del mercado
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto a información pública, hasta el próximo 24 de enero, este proyecto de Real Decreto. Este documento modifica el anterior Real Decreto 413/2014, que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos. La normativa busca adaptar una regulación que fue diseñada hace más de una década a situaciones contemporáneas que requieren flexibilidad y gestionabilidad en el sistema eléctrico.
Es relevante resaltar que España se posiciona como la primera gran economía en Europa donde las renovables superan el 50% del ‘mix’ de generación. La aceleración del proceso de transición energética requiere, sin duda, ajustes normativos que atiendan a las nuevas realidades del mercado. En este sentido, la propuesta normativa se alinea con la legislación europea y responde a una necesidad urgente de mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector energético.
Nueva prioridad de evacuación para la generación eléctrica
Con el objetivo de fomentar el almacenamiento, que es una de las tecnologías clave para gestionar eficientemente la electricidad generada, la propuesta incluye un nuevo orden de prioridad para la evacuación de electricidad a la red. Este nuevo esquema establece que las instalaciones de energía renovable que incluyan sistemas de almacenamiento tendrán prioridad, seguidas de las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, las de bombeo puro y, finalmente, el resto de tecnologías.
De esta manera, se busca asegurar que las tecnologías más sostenibles y gestionables tengan un papel preponderante en el suministro eléctrico. Este enfoque no solo promueve un sistema más resiliente, sino que también favorece la inversión en tecnologías que buscan maximizar el uso de energías limpias.
Retos actuales del sector eléctrico
La alta penetración de las energías renovables ha traído consigo una serie de retos significativos en el sector eléctrico. Durante este año, por ejemplo, se ha registrado un aumento notable en el porcentaje de vertidos de energía, mientras que los precios del mercado mayorista han fluctuado considerablemente, incluso alcanzando valores negativos en ciertos momentos. Estos cambios no solo afectan la rentabilidad de las instalaciones, sino que también plantean preguntas sobre la sostenibilidad del sistema actual.
Ante este panorama, el Ministerio ha señalado en su memoria de impacto normativo que es necesario realizar ajustes en el régimen retributivo específico para que las instalaciones con derechos económicos puedan adaptarse a esta nueva situación. La propuesta normativa, por tanto, se convierte en una respuesta directa a los desafíos que enfrenta el sector, buscando garantizar un equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica.
Flexibilidad y garantías en la cogeneración
Otro aspecto importante de este nuevo marco normativo es la flexibilidad que se otorgará a las centrales de cogeneración. Estas instalaciones, que desempeñan un papel clave en el suministro de energía, podrán ahora vender toda su energía neta generada tanto en el mercado como en régimen de autoconsumo. De hecho, se permitirá que este cambio de régimen se realice trimestralmente, en lugar de una vez al año, brindando mayor adaptabilidad a las condiciones del mercado.
De igual manera, se establecerán límites de emisión de CO2 para las nuevas instalaciones de cogeneración, alineándose con los esfuerzos globales para reducir la huella de carbono. El foco en la sostenibilidad se verá reflejado no solo en la operación de estas plantas, sino también en cómo se retribuirán y administrarán los ingresos generados.
Revisión de las garantías de origen
La propuesta también impulsa las Garantías de Origen de la electricidad de origen renovable, transformándolas en un elemento clave para la competitividad en el mercado. Con esto, se busca permitir la venta de estas garantías en mercados internacionales y liberar el destino de los ingresos obtenidos, que hasta ahora estaban restringidos a nuevos desarrollos de energías renovables o investigaciones y desarrollos relacionados con superación ambiental.
Este cambio representa una oportunidad significativa para que energías renovables no solo contribuyan a la sostenibilidad ambiental, sino que también se conviertan en una fuente de ingresos y competitividad en el mercado global. La retribución de las plantas de tratamiento, además, se ajustará en función del porcentaje de combustible que no acredite la recogida separada a partir del 1 de enero de 2026.
Un futuro con nuevas expectativas
Las adaptaciones propuestas en este marco normativo buscan reflejar la evolución del sector eléctrico y su capacidad de respuesta ante los constantes cambios del mercado. De aquí a 2026, el objetivo será contar con un sistema más sólido y flexible que no solo promueva el uso de fuentes renovables, sino que también garantice la estabilidad y competencia del sector. Este tipo de iniciativas son fundamentales en su conjunto, ya que aseguran que las tecnologías sostenibles estén bien integradas en el tejido económico y social de España.
Con todo, el futuro del sector eléctrico pinta emocionante y desafiante a la vez. Las decisiones que se tomen hoy influirán no solo en la forma en que generamos y consumimos energía, sino también en el impacto que tendremos en nuestro entorno y en la economía a largo plazo. La transición energética está en marcha, y las regulaciones emergentes serán clave para su éxito en los años venideros.
