El Gobierno propone un incremento del SMI
El Ministerio de Trabajo tiene planes ambiciosos para el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025. Este miércoles, se espera que presente a los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme una propuesta que contenga un incremento de 50 euros al mes, lo que situaría el SMI en 1.184 euros mensuales por catorce pagas. Este aumento tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero del presente año, lo que implica un aumento del 4,4% en comparación con 2024.
Antes de llevar esta propuesta a la mesa de negociaciones, el Ministerio presentará el informe elaborado por la Comisión de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI. En este informe se plantean dos opciones para el aumento: una de 3,4% y otra de 4,4%. Por lo tanto, el Ministerio optará por la segunda opción para convencer a los agentes sociales de que este aumento es necesario.
Perspectiva de los sindicatos
Los sindicatos, por su parte, tienen una visión diferente del asunto. Aunque la propuesta del Gobierno contempla un aumento del 4,4%, tanto CCOO como UGT consideran que la cifra debería ser mayor. Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha mencionado que un SMI de 1.200 euros al mes sería más acorde con la realidad económica actual y ayudaría a que este salario se acercara más al 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea.
En esta línea, Pepe Álvarez, líder de UGT, también aboga por una revisión del SMI que supere el 5% o 6% respecto a la cifra propuesta por el Ministerio. Ambos sindicatos coinciden en que un salario mínimo más elevado es vital para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto donde el costo de la vida no deja de aumentar.
Los empresarios muestran su desacuerdo
A pesar de las intenciones del gobierno, los empresarios tienen una perspectiva diferente. Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, ha catalogado la propuesta de subir el SMI a 1.184 euros mensuales como «inasumible» para muchos autónomos. En su opinión, el incremento debe ser proporcional al contexto económico y no afectar desmesuradamente a la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Amor ha denunciado que alrededor de 174,000 empleos se han perdido en sectores como la agricultura y la formación profesional dual, donde la mayoría de los trabajadores se encuentra bajo la línea del SMI. Además, Cepyme ha calculado que el incremento de 50 euros mensuales podría significar un coste adicional superior a 80 euros mensuales para las empresas, lo que podría crear una presión financiera importante, especialmente en las pymes, que ya han visto un aumento del 18,1% en sus costes laborales desde 2019.
El contexto del aumento del SMI
La tensión entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones empresariales no es un fenómeno reciente. No es la primera vez que los empresarios se manifiestan en contra de un acuerdo para incrementar el SMI. El pasado año, el Ministerio consiguió pactar con CCOO y UGT un aumento del 5% en el SMI, alcanzando los 1.134 euros mensuales, sin contar con la participación de CEOE y Cepyme debido a sus disconformidades relacionadas con el ajuste y las bonificaciones en el sector agrícola.
Es importante recordar que entre 2016 y 2024, el SMI experimentó un incremento del 73,1%. Si se lleva a cabo la propuesta actual de 50 euros, el aumento total desde 2016 sería del 80,7%, un dato que invita a la reflexión sobre las implicaciones de tales decisiones en la economía en general.
El debate sobre tributación del SMI
Uno de los puntos críticos que han surgido en las conversaciones es la tributación del SMI bajo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). UGT ha dejado claro que no están dispuestos a firmar un acuerdo si la subida no queda exenta de impuestos. Esta medida sería un alivio significativo para muchos trabajadores que ya enfrentan dificultades financieras.
El Ministerio de Hacienda ha argumentado que evaluará la situación y decidirá su política de tributación una vez que se concrete la subida del SMI. Este es un asunto delicado, ya que afecta directamente la capacidad de los trabajadores de afrontar sus gastos diarios y mejorar su bienestar.
En conclusión, este continuo tira y afloja entre trabajadores, empresarios y el Gobierno refleja una realidad compleja donde cada parte tiene argumentos válidos. Los salarios mínimos son un tema sensible y de crucial importancia en la actual economía, y la manera en que se manejen las decisiones sobre su ajuste tendrá un impacto significativo. A medida que se desarrollan las negociaciones, será interesante observar cómo se enfrentan estos desafíos y si se encontrará un equilibrio que beneficie a todos los implicados.
